La política climática acapara la máxima atención cuando se vincula a los viejos ámbitos políticos que los analistas consideran más interesantes y comprensibles. En los últimos meses, la atención se ha centrado en cómo los créditos fiscales discriminatorios para los coches eléctricos fabricados en Estados Unidos están afectando a las relaciones internacionales. Y eso que solo constituyen una pequeña parte de los cientos de miles de millones de dólares de gasto en clima y energía de la Ley de Reducción de la Inflación estadounidense (IRA, por sus siglas en inglés).
¿Las disposiciones climáticas “Buy American” de Washington van a suponer el fin del libre comercio tal y como lo conocemos? ¿Mantendrá China su ventaja sobre Occidente a la hora de procesar materias primas fundamentales? ¿Cómo deben responder los líderes europeos al hecho de que EEUU contribuya hoy de forma desproporcionada, en términos de ayuda militar, a frenar una invasión rusa a las puertas de la UE? ¿Y cambiará la UE sus propias políticas, que han dividido durante décadas a Estados miembros como Francia y Alemania, por ejemplo flexibilizando las normas sobre ayudas estatales nacionales o endeudándose conjuntamente para pagar subvenciones ecológicas?
Cuestiones importantes, sin duda. Pero estas medidas climáticas son importantes sobre todo porque hacen que la humanidad genere menos gases de efecto invernadero. Merece la pena profundizar en los principales acuerdos que la UE ha alcanzado en los pocos meses transcurridos desde que EEUU aprobara la IRA, en agosto de 2022.
Emisiones de CO2 por EEUU y la UE (en millones de toneladas). Fuente: Climate Action Tracker
Aumentar el precio de la contaminación
La principal noticia es el endurecimiento del mercado de carbono de la UE, el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (RCDE). La UE fija un límite a la cantidad de gases de efecto invernadero que pueden emitir las centrales eléctricas y las instalaciones industriales europeas, como refinerías de petróleo o plantas químicas y siderúrgicas. Estas instalaciones tienen que comprar un permiso para cubrir cada tonelada de dióxido de carbono emitido –los permisos costaban unos 85 euros por tonelada en diciembre de 2022– o pagar una multa de 100 euros por tonelada de más. Las emisiones de los sectores cubiertos han caído un 41% desde que la UE introdujo su mercado de carbono en 2005. El 18 de diciembre, el Consejo Europeo y el Parlamento alcanzaron un acuerdo para reducir estas emisiones en un 62% respecto a los niveles de 2005 para 2030. Bruselas no se limita a aumentar el objetivo –los objetivos son los propósitos de año nuevo de la política climática–, sino que reduce el número de permisos en el mercado. Aumentará el precio de la contaminación y disminuirán las emisiones.
Además, la UE amplía su actual régimen de comercio de derechos de emisión al transporte marítimo (a partir de 2024) y establece un nuevo sistema para los edificios y los combustibles del transporte por carretera (a partir de 2027). Para proteger a los hogares con rentas bajas de estos nuevos precios del carbono, un nuevo Fondo Social para el Clima destinará 86.700 millones de euros de 2026 a 2032. En los últimos meses de 2022 también se alcanzaron acuerdos intracomunitarios sobre edificios (todos los nuevos edificios deberán ser de cero emisiones para 2030), automóviles (no se fabricarán nuevos coches de combustible fósil después de 2035) y emisiones de metano.
La noticia sobre el clima en la UE que recibió más cobertura fue el acuerdo del 18 de diciembre sobre el Mecanismo de Ajuste Fronterizo del Carbono (CBAM), que gravará bienes importados como el acero, el cemento y los fertilizantes en función de su contenido de carbono. Una vez más, esto se debió en parte a que el acuerdo se presta a un análisis de ganadores y perdedores en función de las fronteras nacionales –Rusia y China exportan las mayores cantidades de estos bienes– y a que el CBAM se vincula a las tensiones comerciales en torno a la IRA estadounidense. Sin embargo, existe una distinción crucial entre ambos enfoques. EEUU favorece abiertamente a los productores nacionales, mientras que la UE elimina de manera progresiva los permisos de carbono gratuitos que concede a su propia industria y se niega a ofrecer descuentos a la exportación, ilegales en la Organización Mundial del Comercio, para ayudar a la industria de la UE a introducirse en los mercados extranjeros. Por tanto, la CBAM de la UE se limita a aplicar el precio nacional del carbono de la UE a todos los productos adquiridos por los europeos, con independencia de dónde se hayan producido, y no viola las normas de la OMC contra la discriminación comercial.
Drama frente a burocracia
Es cierto que hay otras razones por las que la política climática estadounidense encaja mejor en las portadas de la prensa internacional. El enrevesado proceso político multinivel de la UE puede dejar al lector con la cabeza dando vueltas: la Comisión Europea presentó por primera vez estas reformas del mercado del carbono como parte de su paquete climático Fit for 55 en julio de 2021, y el acuerdo del 18 de diciembre de 2022 entre el Consejo Europeo y el Parlamento es técnicamente aún provisional y requiere otro refrendo formal. El anuncio de un acuerdo provisional sobre una parte de un paquete climático tras una negociación de 30 horas en Bruselas la semana antes de Navidad no puede compararse con el drama de un senador que cambia de postura en el último momento y acepta apoyar un gigantesco paquete de gasto climático que Joe Biden firmaría como ley unos días después. ¿Sobre quién es más probable que Hollywood haga una película: sobre el senador de Virginia Occidental Joe Manchin o sobre el ponente holandés de la CBAM en el Parlamento Europeo, Mohamed Chahim?
La preferencia estadounidense por las subvenciones en lugar de las normativas también da a los periódicos una cifra enorme para poner en los titulares: la IRA estadounidense podría destinar hasta 800.000 millones de dólares de gasto federal a proyectos climáticos y energéticos en la próxima década. Aunque el presupuesto relativamente exiguo de la UE no permite subvenciones tan cuantiosas, los permisos negociados en su mercado del carbono ascendieron a 683.000 millones de euros solo en 2021, y la Unión y sus Estados miembros están destinando más de esos ingresos a la acción por el clima.
Es más fácil seguir los avances en política climática que en la mayoría de los demás campos, y está claro que el enfoque europeo ha tenido más éxito que el estadounidense. Según Climate Action Tracker, las emisiones de gases de efecto invernadero de la UE disminuyeron un 28% entre 1990 y 2021. Las emisiones estadounidenses solo disminuyeron un 2% en el mismo periodo. Las cifras con signos de dólar o euro delante son un medio para un fin, un fin que es incluso más importante que mantener las normas comerciales del siglo XX o garantizar el buen ambiente en la cena de Estado del presidente francés en Washington DC.
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