Opinar por WhatsApp se penaliza como un delito en Venezuela

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Yonh (*), un veinteañero venezolano, estaba encolerizado la noche del viernes 3 de junio porque militares cerraron el local donde trabajaría, con el argumento de que realizaban un operativo de seguridad. Compartió su molestia entre conocidos en su estado de WhatsApp.

“Ahora resulta que ni los negocios pueden trabajar en paz porque llega la guardia a jod*** la vida a todo el mundo”, fue su primer mensaje. Minutos después, publicó otros, en los que incluyó la captura de pantalla de uno de sus contactos donde estaba escrito un insulto contra la Guardia Nacional.

Al día siguiente, uniformados lo arrestaron en su vivienda, en el estado oriental de Anzoátegui. Su acta de detención precisó que se le acusaba de “instigación al odio” por haber divulgado “vilipendios y maldiciones” contra las instituciones.

Ya cumple 21 días detenido. Hoy, aguarda en una celda por su audiencia preliminar, que forma parte de un proceso penal en su contra fundamentado en una normativa polémica que el chavismo impulsó hace cinco años.

Una espada de Damocles pende sobre todos los venezolanos que opinan en sus redes sociales o hasta en sus círculos íntimos de mensajería directa: es la Ley Constitucional Contra el Odio, Por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, aprobada en 2017 por la oficialista Asamblea Nacional Constituyente.

La norma, que pena hasta con 20 años de cárcel, se ha utilizado en al menos 13 casos, según registros de la organización no gubernamental Espacio Público.

Carlos Correa, su director, aseguró la semana pasada en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la libre prensa en Venezuela que esas prácticas judiciales abonan el miedo y la autocensura.

“Ha crecido la autocensura. Esta política procura construir el miedo y que la gente se resigne y no diga nada. Hay una regresión” en la libertad de expresión y de prensa en Venezuela, advirtió el defensor de derechos humanos.

Correa también dio fe del aumento de la censura gubernamental en el ciberespacio venezolano, que afecta al periodismo local. Hasta 45 medios de comunicación sufren bloqueos de sus páginas web por orden del poder ejecutivo y ejecutados por las empresas privadas que proveen servicios de Internet, dijo.

Venezuela contaba hace años con 105 periódicos de circulación nacional o regional, pero hoy solo 24 lanzan a la calle sus versiones impresas, denunció.

Temor ciudadano

Las graves violaciones a los derechos de libre prensa y expresión en Venezuela también reposan en los informes de Un Mundo Sin Mordaza. Diego Ponce de León, abogado y vocero de la ONG, detalló cómo el temor a retaliaciones del gobierno por opinar o informar ha ganado campo entre los ciudadanos.

Según una encuesta reciente de su organización, 93,3 % de los venezolanos creen que no pueden ejercer plenamente su derecho a la libre expresión. También, 70 % admite que se autocensura en sus redes sociales y 64% dice que lo hace para evitar ser detenido o retenido por las autoridades del Estado.

“La autocensura se entiende cuando las personas se abstienen por existencia de temor. Existen indicios sobre el desarrollo de un temor creciente que frustra este hecho” de informar u opinar sobre algún acontecimiento, indicó a la CIDH.

Marysabel Rodríguez, del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, criticó en su intervención que la Ley Contra el Odio se usa “para judicializar la crítica legítima hacia funcionarios” vinculados al chavismo.

Mencionó que la restricción de derechos civiles en Venezuela incluye la limitación a la protesta, persecuciones, un “esquema de represión focalizada” contra periodistas, defensores de derechos humanos, políticos y sindicalistas.

Denunció casos como el de Javier Tarazona, de la ONG Fundaredes, quien está detenido desde hace un año por reportar la evolución de la guerrilla colombiana y su combate con los militares locales en el estado venezolano de Apure.

Los defensores de derechos humanos también mencionaron ante la CIDH las persecuciones judiciales contra el periodista Roberto Deniz, que investigó la red de corrupción encabezada por el empresario colombiano Alex Saab, y de Olga Mata, de 72 años, quien satirizó a funcionarios venezolanos en TikTok.

La solución es la democracia

El Estado venezolano estuvo representado en la audiencia de la CIDH por Gustavo Tarre Briceño, diplomático del gobierno encargado de Juan Guaidó ante la Organización de Estados Americanos (OEA), opuesto al madurismo.

El delegado opositor expresó su solidaridad con ciudadanos y empresas sometidos a decisiones judiciales “arbitrarias”, entre los que mencionó al periodista Deniz, al defensor de derechos Tarazona y al diario El Nacional.

Directivos de la CIDH lamentaron que la situación de libre expresión y prensa en Venezuela se haya agravado en los últimos tiempos y consideraron que se avanza hacia una “anulación total” de los derechos ciudadanos en ese país.

Pedro Vaca Villarreal, relator para la Libertad de Expresión de la CIDH, advirtió sobre la “expansión social del miedo” y opinó que la autocensura genera una atmósfera donde se hace “difícil” ejercer derechos y educar sobre ellos.

Llamó a los Estados receptores de periodistas venezolanos a que continúen garantizando los derechos de una prensa “perseguida” en su país de origen.

Correa, de Espacio Público, concluyó que audiencias como la de la semana pasada son vitales para vencer el miedo de informar y opinar en Venezuela.

Señaló que el gobierno venezolano es el primer interesado en tratar de “consolidar el miedo” haciendo creer que “no hay nada que hacer”. Pero, para él, es clara cuál es la efectiva solución al asunto: “Que la democracia cobre vida”.

Gustavo Ocando Alex – Vozdeamerica.com