En una acción de protesta los trabajadores tomaron la Dirección de Personal de la gobernación del estado Sucre

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Los trabajadores dependientes de la Gobernación del estado Sucre en Cumaná, tomaron la Dirección General de Personal (DGP), tras vencerse el plazo a la convocatoria de las mesas técnicas para solucionar las 15 demandas salariales hechas al almirante Gilberto Pinto, primer mandatario regional.

La acción de protesta también se debió en reclamo a la persistencia de falta de cobro del mes de mayo de 176 dependientes de la jurisdicción, a quienes se les embargó el sueldo de manera ilegal y arbitraria, sin pasar por los canales regulares a través de los respectivos tribunales, según la categoría de recurso humano (empleado u obrero).

Cierre del diálogo por falta de respuestas

El vocero principal de la Coalición Sindical de los trabajadores dependientes de la gobernación Anderson Machado, comentó la determinación y exigencia de la clase obrera regional en asamblea de tomar acciones de reclamo en la DGP, ante la falta de activación de las mesas técnicas, referidas a los 15 problemas y propuestas laborales sostenidos por deudas patronales.

“El gobernador almirante Pinto autorizó a la directora Lourdes Sarmiento y aún no se han activado. Existe preocupación en la clase trabajadora. Los jubilados que el año pasado alcanzamos 20 días adicionales para llegar a 110 de bono recreacional y ahora nos dicen que la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE) autorizó sólo 85 días. Los obreros y empleados (activos: fijos, contratados y entes descentralizados) desde hace dos años cobran los uniformes y calzados y en la actualidad, no hay respuesta. Todo eso se incluyó en las mesas técnicas. También hay inquietudes por el bono de desempeño (…)”, puntualizó.

Sentenció Machado el cierre del diálogo entre los sindicatos protectores de más de 27 mil trabajadores: Empleados (Suepples), Único de Obreros (Suodes), Construcción (Sinti), Salud, Salinas de Araya (ATSA), Asociaciones de Jubilados de Empleados (AJEES); Obreros y de Educación, Poderes de la Procuraduría, Consejo Legislativo Regional (CLES) y todos los entes descentralizados dependientes del ejecutivo, por el incumpliendo actual de derechos contractuales adquiridos de vieja data.

Acciones de la gobernación son una aberración

El secretario general de Suepples, Ramón Gómez, catalogó como una aberración la política de suspensión de sueldos como pasó en mayo a más de 2 mil trabajadores regionales, sin hacer los procedimientos pertinentes. Además, rechazó la falta de pago todavía de 176 afectados.

“Le vamos a reclamar al gobernador, porque ellos reconocieron que los cálculos de jubilados del 2018 estaban mal hechos. En la misma auditoría de la Contraloría General de la República, se constató del mal procedimiento fueron los que recomendaron la destitución del anterior director de la DGP y eso lo tenemos que decir, que nosotros siempre nos opusimos a ese recálculo porque estaba mal hecho. No les van a pagar a los jubilados del 2018 en base a sueldos de hambre y miseria”, sentenció.

Manifestó no tener miedo a ir elecciones, porque la dirigencia sindical está en pie de lucha. “Esta dirigencia sindical si sabe dónde está parada. Sabe de los cálculos salariales y beneficios de los activos y jubilados. Por eso es el miedo, porque saben que a nosotros no nos van a meter strike. Pidieron elecciones, pues vamos a elecciones”.

Gómez alzó su voz de protesta hacia el gobierno e insistió en la demanda de cancelación de compromisos laborales de más 3 mil jubilados y de 27.536 activos, quienes “están pagando las consecuencias de la violación de las leyes, del contrato colectivo y de la Constitución. ¡Y si el gobierno no nos escucha, lo que nos espera es calle y más calle!”.

Alfremary Marval Ortiz – Termómetro Nacional