Son varios los problemas que la Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconoce en Venezuela, pero destaca el acceso a la salud, los graves daños al medio ambiente a través del Arco Minero y el acceso al agua como unos de los más preocupantes.
El V informe anual de la relatoría, presidida por Soledad García Muñoz, confirió a la salud el primer puesto en el análisis sobre el país por el colapso del sistema de salud en el marco de una emergencia humanitaria compleja, grave y multidimensional, agudizada por la pandemia de la COVID-19. También se tomaron en cuenta las denuncias sobre el subregistro de contagios y muertes y los serios desafíos frente al proceso de inmunización (ante la ausencia de un plan nacional de vacunación efectivo).
Sumó a estos padecimientos la escasez de medicamentos e insumos médicos, la falta de provisión de servicios esenciales, como agua potable, saneamiento y electricidad, y a una pobreza creciente que impide la satisfacción de las necesidades básicas.
Según el informe, a finales de agosto, Venezuela tendría una de las tasas de letalidad de personal sanitario por COVID-19 más altas en América del Sur y la tercera más alta en letalidad de mujeres embarazada.
En cuanto a la seria situación del medio ambiente en Venezuela, en especial afectada por la devastación ocasionada en el Arco Minero, el informe alude a la falta de control estatal en la zona, en la que se han reiterado las denuncias por el control que
ejercen grupos armados ilegales, ha generado un estado de vulnerabilidad para los habitantes, con un impacto desproporcional y diferenciado en mujeres, pueblos indígenas y en las poblaciones fronterizas.
Al alto impacto ambiental se suma la escasez de alimentos, bienes y servicios, así como riesgos significativos en materia de salud, ante la exposición al mercurio por parte de la población, el cual se seguiría utilizando para la extracción de oro, pese a estar prohibido como método de obtención o tratamiento de minerales en el territorio nacional.
Explotación laboral, incluyendo el trabajo infantil, y denuncias sobre la trata de personas y explotación sexual forman parte del informe que hace énfasis en la
obligación que tiene el Estado de asegurar el respeto de los derechos humanos en el marco de estas actividades. La Relatoría Especial reafirmó la relación estrecha entre los derechos
humanos, el desarrollo sostenible y el medioambiente.
Sobre el derecho al agua, el informe determinó que la falta de garantía de este derecho eleva de manera considerable los riesgos de contagio en el contexto de la pandemia del COVID-19. «80% de la población venezolana recibiría agua de manera intermitente, que además no cumpliría con los estándares de calidad necesarios.
V Informe Anual De La Relatoría Especial Sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales Y Ambientales (Redesca) De La CIDH 2021
El Carabobeño
