La violencia y la delincuencia son protagonistas en la Venezuela de Nicolás Maduro, males que la aquejan desde el gobierno del dictador Hugo Chávez, pero que se han intensificado a partir de la grave situación económica, del drama de la pandemia y de la profunda crisis social que atraviesa esta nación. De acuerdo con el Informe Anual de Violencia elaborado por el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) correspondiente a 2021, el país caribeño cierra el año con un estimado de al menos 11.081 personas fallecidas por causas violentas, lo cual se corresponde con una tasa de 40,9 muertes por cada cien mil habitantes.
El informe estima que ocurrieron 3112 homicidios cometidos por delincuentes, con una tasa de 11,5 víctimas por cada cien mil habitantes. Además, se contabilizaron 2332 muertes catalogadas como resistencia a la autoridad que fueron en realidad homicidios cometidos por cuerpos de seguridad del Estado, por uso excesivo de la fuerza o mediante ejecuciones extrajudiciales, con una tasa de 8,6 víctimas por cada cien mil habitantes.
Adicionalmente, el reporte señala que durante 2021 se pudo observar en el país un notable incremento de las desapariciones, inevitablemente asociadas a una presunción de muerte no confirmada por la ausencia del cadáver, lo cual llevó a diferenciar la información y establecer esta nueva categoría en la que se encuentran 1634 personas, con una tasa de 6 víctimas por cada cien mil habitantes.
Por su parte, las muertes por resistencia a la autoridad se mantienen en cifras muy altas. Los organismos de seguridad que llevan a cabo las ejecuciones extrajudiciales se diversificaron en 2021. Las actuaciones que en años anteriores se concentraban en las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) recayeron el año último en funcionarios de otras dependencias que realizan las ejecuciones, como el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) o de las estatales o municipales, algunas de creación reciente y con nuevos nombres.
La mayor preocupación reside hoy en el auge del crimen organizado que, según lo manifestado por el director del Observatorio, Roberto Briceño León, ha ganado terreno durante la pandemia sustituyendo a las autoridades oficiales, cuerpos policiales y militares, en abierto desafío al monopolio de la fuerza del gobierno nacional.
El informe señala que en 2021 se incrementaron los territorios que se encuentran fuera del control del gobierno nacional y en los que la gobernanza local y el control social y político lo ejercen los grupos armados no estatales.
Por otro lado, no hay que olvidar que la impunidad y la casi inexistencia de un sistema de justicia son la verdadera razón para la proliferación de la delincuencia que no acató el confinamiento impuesto por razones sanitarias, mientras que el régimen de Maduro continúa restringiendo la libre movilización de los ciudadanos por la pandemia y la escasez de combustible es insalvable.
La dictadura venezolana abusa de la fuerza de manera brutal e ilegítima y aprovecha su poder político para impedir la libre expresión de ciudadanos y líderes políticos opositores silenciados y encarcelados. Más allá del fracaso de sus políticas económicas y sociales, no cesa en su caduca retórica revolucionaria y militarista. La violencia desenfrenada que asola al país es claramente el reflejo de un Estado fallido.
La Nación Argentina
