El gobierno de Nicolás Maduro obligó a los más pobres a pagar el ISLR

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Academia de Ciencias Políticas y Sociales: Gobierno atenta contra DD.HH al forzar declaración del ISLR

La Academia de Ciencias Políticas y Sociales expresó su sorpresa y rechazo frente a la actitud «reticente» del Ejecutivo Nacional y de la Administración Tributaria al no haber prorrogado, en las circunstancias actuales, la fecha de presentación de la declaración del impuesto sobre la renta para el período fiscal coincidente con el año 2020.

«Esta omisión ha puesto gravemente en riesgo la salud pública y la seguridad de los empleados, funcionarios y ciudadanos, contribuyentes o no, y no coincide con las medidas urgentes, efectivas y necesarias que debe adoptar el Ejecutivo Nacional», señalan en un comunicado.

La institución destacó que el gobierno nacional privilegió injustificadamente la recaudación tributaria sin medidas atenuantes y con un carácter preferente del que no goza constitucional ni legalmente, frente a la tutela de derechos humanos básicos de mayor importancia.

«El hecho de que esté prevista la declaración y pago del impuesto sobre la renta por medios telemáticos, no libera a los contribuyentes y responsables del impacto de aquellas medidas, a lo que debe agregarse la precaria calidad del servicio de Internet ofrecido en el país», indica el texto.

Las Academias afirmaron que la pandemia afecta igualmente los ingresos de la población, por lo que la mayoría de los países han recurrido a la técnica del fomento, subsidios, exenciones, exoneraciones, y otros beneficios económicos y tributarios para mitigar los efectos negativos que inciden en la capacidad económica de los contribuyentes.

«Es más que evidente que el normal cumplimiento de la obligación tributaria se ve actualmente impedido o excesivamente dificultado por virtud de fuerza mayor y de las circunstancias excepcionales que afectan la economía del país», expresaron.

Además, resaltaron que la actitud del Ejecutivo Nacional de haber forzado la declaración del impuesto sobre la renta, incluso procurando con la autoridad bancaria extender el horario bancario a los fines del pago del tributo, en lugar de prevenir la enfermedad, atenta gravemente contra los derechos humanos de la población al poner en mayor riesgo la vida, salud e integridad personal de los ciudadanos.

El pasado 18 de marzo de 2020, la organización exhortó reconocer la complejidad de la situación y se insistía en la necesidad de tomar medidas dirigidas a mitigar los efectos de la pandemia en el ámbito fiscal, tales como: otorgar prórrogas para las declaraciones y pago de impuestos a los contribuyentes y responsables; fraccionamiento de pagos y modificación de las fechas para la declaración y pago de los tributos.

Comunicado de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales

Pronunciamiento acerca del cumplimiento de obligaciones Tributarias y la declaración del impuesto sobre la renta, en tiempos de la pandemia del Covid-19

El 18 de marzo de 2020, esta Academia expidió una declaración acerca del estado de alarma dispuesto por el Presidente de la República en Consejo de Ministros en el Decreto nº 4.169 publicado en la G.O. Extraordinaria 6519 del 13 de marzo de 2020, frente a la emergencia suscitada por la aparición del COVID-19. Entre otras observaciones y recomendaciones, se exhortaba al Ejecutivo y a las distintas Administraciones Tributarias a reconocer la complejidad de la situación y se insistía en la necesidad de tomar medidas dirigidas a mitigar los efectos de la pandemia en el ámbito fiscal, tales como: otorgar prórrogas para las declaraciones y pago de impuestos a los contribuyentes y responsables; fraccionamiento de pagos y modificación de las fechas para la declaración y pago de los tributos.

Durante más de un año desde que comenzó la pandemia causada por el COVID-19, la población venezolana ha sido sometida a una serie de penurias por el continuo deterioro de los servicios públicos de agua, electricidad y telecomunicaciones; el deterioro del Bolívar como moneda; la inflación; la escasez de medicamentos; el cierre de negocios y las pérdidas de empleos; el deterioro del salario; las limitaciones en el transporte público; la malnutrición y los altos niveles de desnutrición; los riesgos de contagio del COVID-19; las dificultades extremas para acceder a los servicios de salud pública; el crimen organizado y los crímenes ambientales; la convocatoria a elecciones parlamentarias no democráticas; y la violencia, la represión y la violación de sus derechos humanos.

En este contexto, transcurrido un año, la Academia de Ciencias Políticas y Sociales expresa su sorpresa y rechazo frente a la actitud reticente del Ejecutivo Nacional y de la Administración Tributaria al no haber prorrogado, en las circunstancias actuales, la fecha de presentación de la declaración del impuesto sobre la renta para el período fiscal coincidente con el año 2020, tal como se lo permite el artículo 45 del Código Orgánico Tributario.

Esta omisión ha puesto gravemente en riesgo la salud pública y la seguridad de los empleados, funcionarios y ciudadanos, contribuyentes o no, y no coincide con las medidas urgentes, efectivas y necesarias que debe adoptar el Ejecutivo Nacional, con el propósito de proteger la salud de la población venezolana ante los devastadores efectos del coronavirus (COVID-19) y sus posibles cepas, privilegiando injustificadamente la recaudación tributaria sin medidas atenuantes y con un carácter preferente del que no goza constitucional ni legalmente, frente a la tutela de derechos humanos básicos de mayor importancia.

El Ejecutivo Nacional conoce las circunstancias notorias de riesgo sanitario inherente a la transmisión y adquisición del virus, la exposición del personal bancario, funcionarios del SENIAT y los contribuyentes y sus representantes o asistentes (abogados, contadores y demás profesionales). También conoce el Ejecutivo Nacional el colapso de los sistemas de salud público y privado, saturados de pacientes contagiados con la enfermedad generada por el COVID-19, así como las limitaciones que el mismo ha establecido al derecho a la libre circulación, traducidas en restricciones al transporte público y los cercos sanitarios en buena parte del país, todo lo cual afecta indudablemente el acceso a la información y documentación, así como su procesamiento a efectos de determinar, declarar y pagar el tributo.

El hecho de que esté prevista la declaración y pago del impuesto sobre la renta por medios telemáticos no libera a los contribuyentes y responsables del impacto de aquellas medidas, a lo que debe agregarse la precaria calidad del servicio de Internet ofrecido en el país.

La pandemia afecta igualmente los ingresos de la población por lo que la mayoría de los países han recurrido a la técnica del fomento, subsidios, exenciones, exoneraciones, y otros beneficios económicos y tributarios para mitigar los efectos negativos que inciden en la capacidad económica de los contribuyentes.

Bajo estas circunstancias, el Ejecutivo Nacional está facultado conforme al mencionado artículo 45 del Código Orgánico Tributario para conceder, con carácter general, prórrogas y demás facilidades para el pago del impuesto sobre la renta, así como para acordar fraccionamientos y plazos para el pago de deudas atrasadas. Es más que evidente que el normal cumplimiento de la obligación tributaria se ve actualmente impedido o excesivamente dificultado por virtud de fuerza mayor y de las circunstancias excepcionales que afectan la economía del país.

La actitud del Ejecutivo Nacional de haber forzado la declaración del impuesto sobre la renta, incluso procurando con la autoridad bancaria extender el horario bancario a los fines del pago del tributo, en lugar de prevenir la enfermedad, atenta gravemente contra los derechos humanos de la población al poner en mayor riesgo la vida, salud e integridad personal de los ciudadanos.

El debido cumplimiento de las obligaciones tributarias, al que está obligada por ley la población, no se vería afectado de mediar una actuación responsable, diligente y humanitaria de parte del Ejecutivo Nacional, que se traduzca en el ejercicio de una competencia legal como la de conceder prórrogas a esos fines, plenamente justificada en la preservación de derechos fundamentales reconocidos en nuestra Carta Magna, la salud y la vida.

En Caracas, el primer día del mes de abril de 2021.

Cecilia Sosa Gómez: Presidente

Julio Rodríguez Berrizbeitia: Secretario